Señor director:
Luego de conocidos los hechos sobre la quema de 29 camiones en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abott, ha señalado que “Pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe”.
Si bien es cierto todos los privados –empresas y personas– deben tomar precauciones generales sobre seguridad, tampoco puede inducirse a los individuos a vivir con un temor constante ni a la protección de las empresas a través de la militarización de sus predios. El desarrollo de actividades cotidianas o la explotación de un giro, respectivamente, tienen que estar siempre amparadas por el régimen de Estado de Derecho que ha de regir en el país. Las atribuciones que tienen las instituciones del Estado en materia de seguridad ciudadana para la conservación del orden público son de ejercicio exclusivo y excluyente por parte del mismo Estado, y estas funciones no pueden ser delegadas en los particulares. La promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas es responsabilidad, principalmente, del Estado, el que a su vez es el primer garante de su fiel cumplimiento.
Pensar lo contrario sería abrir las puertas a múltiples conductas que generarían perniciosas consecuencias: adquisición de armas para la defensa propia, autotutela como modo de resolver conflictos, descrédito en instituciones fundamentales para la vida en sociedad, como los tribunales de justicia imparciales e independientes, entre tantas otras posible de imaginar.
Leopoldo Ramírez Alarcón
Coordinador Nacional
Facultad de Derecho UST
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