Por Senador Alberto Espina
Mis declaraciones en las que me refiero a las responsabilidades por los graves actos de extrema violencia que ocurren en la región, han generado una polémica con dirigentes de los agricultores. Como una contribución al debate debo recordar que en julio de 2005 el Senado, por iniciativa del suscrito, aprobó un informe de la Comisión de Constitución sobre el orden público y la seguridad ciudadana en La Araucanía en el que, en síntesis, “se pone de manifiesto la profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica con motivo de las acciones reiteradas de violencia en perjuicio de sus habitantes, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias”.
Ocho años después, siguen los incendios intencionales, destrucción de maquinaria, galpones y viviendas, atentados en contra de agricultores, campesinos, trabajadores del transporte e incluso el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.
Frente a hechos de esta gravedad hay distintas responsabilidades. La pregunta es, ¿en quiénes radican las de mayor relevancia? Esto para intentar que cambien de actitud y así lograr un acuerdo básico que nos permita erradicar la violencia.
Algunos de los agricultores responsabilizan fundamentalmente al Gobierno y de pasada a los parlamentarios de la Alianza. En mi opinión esto es injusto e incorrecto. Veamos. El Gobierno ha invertido más de $7 mil millones para 600 policías adicionales, más medios materiales y de tecnología de inteligencia, ha interpuesto querellas en todos los casos y ha ido en ayuda, dentro de lo que la ley permite, de más de 300 víctimas. Ha fortalecido la inteligencia policial, debilitada durante los gobiernos anteriores. Los parlamentarios de RN hemos impulsado proyectos de ley para dar más facultades de investigación a los fiscales y a las policías, y permitir el control preventivo de identidad en las zonas de mayor intensidad delictual, como existe en la mayoría de los países.
Estas iniciativas legales han sido sistemáticamente rechazadas por los parlamentarios de la oposición, que cuentan con la mayoría en ambas cámaras para bloquearlas. Por su parte los jueces, que son inamovibles, exigen tan altos estándares de pruebas de estos delitos que simplemente hacen imposible las condenas. El resultado es la impunidad de los delincuentes.
Entonces, las responsabilidades no son iguales y es útil que la ciudadanía sepa distinguirlas ya que en democracia cada cual debe hacerse cargo de las propias y la gente tiene derecho a exigirlas.
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